Profesor titular, Universidad de Chile en Genética, Ética y Epistemología
Hace unos 35 años predije lo que sucede en Chile. La profunda desigualdad humana es uno de sus elementos fundamentales. No solo el ingreso monetario, que no es tan importante, ya que hay que descartar de el las deudas y si así fuera la tal superación de la pobreza no es tan cierta. Hay muchas otras variables, el poder, la propiedad, el estilo de vida, la educación, la ocupación, el prestigio, el acceso al conocimiento o a la información especialmente la relevante para realizarse, el barrio en que se habita, las redes sociales y otras menos relevantes.
Veamos la propiedad y nos encontramos que nuestro Presidente tiene más de 100.000 hectáreas en Chiloé siendo que varios millones de chilenos no tienen ni una sola. Pero hay otros que tienen varios cientos de miles.
La propiedad de los principales medios de producción está en algunas miles de manos, quedando varios millones como trabajadores casi esclavos de los empresarios que gobiernan sin contrapeso sus empresas e imponen las tasas de explotación que desean. La equidad en cualquier aspecto es imposible con esta inequidad en la propiedad.
En cuanto al poder la cosa es más grave. El poder podemos considerarlo como la capacidad de imponer o convenir una decisión sobre otros. El poder es necesario para hacerse gestor y cargo del propio destino o realización.
Pero, ¿qué poder tienen los individuos de clase media y baja de plasmar sus apreciaciones sobre lo que debe ser Chile?
Casi ninguna y está reducido a los ambientes familiares, del vecindario o muy restringido en el sitio de trabajo o estudio. Tomemos las AFP de las que se dice que el imponente es el propietario de su dinero y por lo tanto tienen todo el poder. Los imponentes no pueden fijar el ingreso de los administradores ni comisionados que trabajan sus dineros; no pueden decidir qué empresa si nacional o transnacional comercializará su dinero; más grave, no pueden repartir las ganancias, etc.
En resumen ponen su dinero en una caja negra y lo único que saben es el monto que se ha ido acumulando, pero no pueden incidir en los negocios y repartición que se hace con su imposición. Es una expropiación de la información y parte de la ganancia que produce su dinero.
No se comporta como un derecho a la seguridad social sino que como un negocio de seguro, ni es cierta la propiedad y poder real que tiene el imponente sobre su dinero.
Respecto a los bienes de Chile me asocio a lo que dijo Claudio Bravo el arquero de la Selección, “Vendieron a los privados nuestra agua, luz, gas, educación, salud, jubilación, medicamentos, nuestros caminos, bosques, el salar de Atacama, los glaciares, el transporte. ¿Algo más? ¿No será mucho? No queremos un Chile de algunos pocos. Queremos un Chile de todos”.
Se quedó corto, hay que agregar las empresas del Estado y casi todo el Estado de Chile y no solo a unos pocos privados chilenos, también a las transnacionales
¿Con qué autorización de los chilenos? Con ninguna. Los chilenos somos tratados como la nada misma ante las empresas nacionales y transnacionales.
Todas estas ventas y concesiones del patrimonio de todos los chilenos y no solo de los actuales, sin el permiso de los chilenos es un robo moral aunque no lo sea legal ya que los autoriza una constitución y leyes que permiten esta expropiación, motivo por lo cual hay que cambiarla de inmediato, si se quiere solucionar la crisis
¿Cómo es posible que se gasten 70 litros de agua diarios en un palto y 50 en un ser humano? Y quieren que no reclamemos porque nos tratan peor que un palto.
¿Con qué autorización de los chilenos se adjudican el dinero de sus impuestos a las empresas privadas incluidas educación y salud?
¿Por qué no se adjudican estos dineros a las empresas y establecimientos estatales que son de todos nosotros?
La Dictadura Cívico-Militar-pseudo-Neoliberal tuvo como fin destruir al Estado de Chile, todos los gobiernos posteriores continuaron con este plan.
El Estado es la organización del bien común que tiene un pueblo, es el único que puede distribuir la riqueza equitativamente, para todos, sin distinción de personas, dar servicios de la mejor calidad, al más bajo precio e integrados en una política de desarrollo transparente científica y técnicamente sustentada.
Para esto el Estado tiene sus poderes, pero también a cuerpos intermedios, juntas de vecinos, cabildos, gremios, colegios profesionales, etc., y a toda su organización política y administrativa.
Toda esta organización fue permeada por la inequidad llegándose incluso a existir comunas de primera, segunda y tercera categoría. Hablar del Estado es referirse a todos los chilenos por igual, todos constituimos de alguna forma el Estado. Se perdió la educación cívica y con ella el concepto o los conceptos de Estado, porque hay discrepancias.
Por otra parte, en esta pretensión neoliberal, que no es tal, el país sigue siendo principalmente oligárquico, basta mirar a las tres farmacias, las tres o cuatro empresas de supermercados para darse cuenta que de liberal no tiene nada.
Ahora no hay liberalidad en los sistemas de convivencia y producción; no se permite una competencia sana entre los capitalistas y las cooperativas, se prohíbe a las AFP ser cooperativas, no se afirma a los comuneros tanto amerindios como chilenos, no se fomenta las empresas de autogestión, etc., cuando esto sería la solución a muchos males.
Lo he demostrado en varias columnas previas, el capitalismo está terminado y no puede sino que aumentar las desigualdades a extremos irritantes, lo prueba además la concentración del poder y dinero en las grandes transnacionales.
Es urgente crear un Estado empoderado que conduzca el desarrollo de Chile, que pueda dar salud y educación de la mejor calidad, equitativa, sin distinción de personas, al más bajo precio, a la mayor parte de Chile, que se haga cargo de la mayor proporción de la producción en todos los rubros, digamos de al menos el 50% de ella.
Ese Estado es el único que puede dar una seguridad social a todos los chilenos basada en estas empresas estatales. Es urgente cambiar paulatinamente el sistema capitalista para desarrollar las cooperativas y ciudadelas autónomas; se puede empezar con las que ya lo solicitan como son las comunidades indígenas y comuneros en varias partes de Chile.
Debe cambiarse la Constitución basada en la propiedad por una que tolere una pluri-juridicidad basada también en la pertenencia a la naturaleza como tienen los Amerindios.
